• 03Sep’ 14

    Por Gloria de la Fuente: @GDELAFUE

    Hace un par de semanas tuve la oportunidad de discutir con un conjunto de politólogos estudiosos de América Latina sobre un concepto que está algo de moda: la “integridad electoral”, referido fundamentalmente a la libertad, la transparencia y la justicia con que se realizan las elecciones en distintas democracias. Cierto es que, en perspectiva comparada, Chile junto a países como Uruguay y Costa Rica reportan escasas o nulas denuncias de fraude en los procesos electorales y, mas aún, en nuestro país, tal como muestra el último Informe Auditoría a la Democracia de PNUD, los procesos electorales gozan de altos niveles de confianza. No obstante, ¿quiere decir esto que la integridad esté garantizada o que estemos libres de las “malas prácticas”? me temo que la respuesta es rotunda y tajantemente: NO.

    En efecto, parte del debate que se ha generado respecto a la política y el dinero – a propósito de las indicaciones en el proyecto de cambio al binominal para limitar el aporte reservado hechas por los diputados Jackson y Mirosevic- nos muestra que, pese a que desde el 2003 tenemos una ley sobre financiamiento, control y límite de gasto en campañas, aún no ha sido posible relegar el “manto de opacidad” que cubre ciertos espacios de la actividad política. Abundan en esta línea los rumores sobre el financiamiento que ciertas “personas jurídicas” o empresas harían a determinadas candidaturas, el riesgo que ello implica para la injerencia en la toma de decisiones y se constata que, aunque el SERVEL ha mejorado considerablemente sus competencias en los últimos años, tiene aún escasas posibilidades de desarrollar una fiscalización proactiva, que supere simplemente el aprobar la declaración de gastos que realizan los distintos candidatos.

    Este es un debate del todo relevante y nos remite a una cuestión que va más allá de la discusión que solamente tiene que ver con la reforma al sistema electoral, porque nos recuerda que la integridad de los procesos dependen también críticamente de los elementos del régimen electoral, es decir, de todos aquellos aspectos que se vinculan directamente o indirectamente con la realización de las elecciones: la administración y la justicia electoral, las formas en que se realizan las campañas, el acceso a medios de comunicación, el financiamiento de la política, la ley de partidos políticos, entre otras. Es por esto que la indicación de los parlamentarios es del todo relevante en esta discusión y ojalá se apruebe en su mérito, pero es también indispensable considerar que en Chile llegó la hora de discutir elementos que tienen que ver con la integralidad del régimen electoral y, en general, que afectan la calidad de la democracia.

    Así, por ejemplo, será irrelevante prohibir los aportes de personas jurídicas y limitar los aportes reservados, si no existe un órgano que esté a la altura de fiscalizar para que aquellos actos no ocurran. Ello implica también pensar en un esfuerzo más integral que permita relevar el rol que ocupan los partidos políticos en democracia, en tanto intermediadores de la relación entre la sociedad civil y el Estado, para que hagan una mejor labor en la formación de cuadros, reclutamiento de candidaturas y discusión de proyecto, lo que por cierto implica tanto el financiamiento permanente como obligaciones en materia de transparencia para que puedan cumplir cabalmente su rol.

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