• 27Sep’ 14

    Fuente: La Tercera, 27 Septiembre 2014

    Uno de los temas principales del proyecto que se analiza en el Senado es la eliminación de los aportes reservados y empresariales a las campañas electorales. A pesar de contar con respaldo de varios sectores, hay quienes advierten que la medida puede generar el surgimiento de “fondos irregulares”.
    La Comisión de Constitución del Senado comenzó esta semana el análisis de la reforma al sistema electoral del gobierno, que sustituye el actual sistema binominal por uno proporcional inclusivo.

    Además, de temas como el aumento de parlamentarios, el redistritaje y la ley de cuota de género, uno de los temas que marcará la discusión en el segundo trámite legislativo serán las indicaciones de los diputados independientes Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic que buscan transparentar la propaganda política y los aportes en campañas.

    LAS INDICACIONES

    La primera de las disposiciones de los parlamentarios, prohíbe que las empresas o personas jurídicas hagan aportes a los partidos y candidatos. De esta manera, esta atribución sólo podrá ser efectuada por personas naturales.

    “En democracia quienes tienen derecho a voto son las personas, no las empresas. Una persona puede tener simpatía hacia un candidato, pero una empresa sólo puede tener interés corporativo”, explicó el diputado Giorgio Jackson.

    Otra de las enmiendas, pretende terminar con los aportes reservados a candidaturas a cargos de elección popular y que los aportes a campañas sean públicos o bien anónimos, siempre y cuando no excedan las 10 UF (un poco más de 240 mil pesos) por contribuyente.

     

    LO QUE DICE LA LEY

    Según la ley número 19.884 se entiende como financiamiento privado de campaña electoral “toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales”.

    Asimismo, el cuerpo legal estipula que “ninguna persona podrá aportar a un mismo candidato, y en una misma elección, una suma que exceda al equivalente 1.000 UF (cerca de 24 millones de pesos) en el caso de candidatos a alcalde o concejal; de 1.250 UF (30 millones aproximadamente) tratándose de candidatos a diputado o senador y de 2.000 UF (48 millones) en el caso de candidatos presidenciales”.

    Además, la ley agrega que “el total de aportes que una misma persona podrá hacer a distintos candidatos o a un partido político en una misma elección no podrá exceder, del equivalente en pesos, de 10.000 UF (cerca de 240 millones de pesos)”.

    En tanto, sobre la identidad de las empresas que realicen aportes a las campañas electorales, la ley establece que “si el órgano de administración resuelve que los aportes deban efectuarse bajo la forma de reserva establecida en el artículo 19, le estará prohibido a los administradores o representantes de la persona jurídica, divulgar la identidad del partido o candidato donatario”.

    APORTES RESERVADOS EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES

    Según consignó Reportajes de La Tercera, en la última elección presidencial y parlamentaria, los aportes reservados (mayoritariamente provenientes de empresas según los expertos) llegaron a casi $ 22 mil millones.

    Michelle Bachelet recibió -de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Servicio Electoral (Servel)- $ 1.781 millones que corresponden al 26% del total de sus gastos declarados de campaña. En el caso de Evelyn Matthei, el monto ascendió a $ 2.967 millones que corresponden al 64% de total de sus gastos declarados de campaña.

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    En cuanto a los partidos políticos, la UDI fue el partido que más aportes de este tipo recibió en las últimas elecciones parlamentarias: más de 900 millones llegaron a las arcas de la sede de calle Suecia. A los que se suman los aportes que llegan directo a los candidatos.

    DEBATE POR APORTES IRREGULARES

    La idea de legislar sobre el aporte de las empresas a las campañas electorales y a partidos políticos fue bien recibida al interior de la coalición de la Presidenta Michelle Bachelet, pero los parlamentarios aseguran que debe existir mayor fiscalización para que no surjan aportes irregulares.

    Así lo aseveró el senador del PS, Fulvio Rossi, quien dijo estar “de acuerdo con la indicación” aunque resguardando que “no se produzcan aportes de dinero de forma irregular”.

    El presidente de la comisión de Constitución, Felipe Harboe (PPD), en tanto, manifestó que está abierto al debate para aumentar los niveles de transparencia en el financiamiento de campañas pero advierte que en esta discusión “no cabe tener posiciones para la galería y hay que cautelar que no se generen incentivos perversos -como en el pasado- para el uso de maletines o asesorías falsas o se abra la puerta a dineros que no estén sujetos a fiscalización”.

    En esta misma línea y desde la Alianza, el senador RN Manuel José Ossandón dijo no estar de acuerdo con la iniciativa de los diputados independientes y advirtió que “si se eliminan los aportes, se harán aportes negros y va a ser peor”.

    Asimismo, el senador Hernán Larraín (UDI), manifestó que eliminar los aportes reservados no sólo dejaría “en una situación muy compleja el financiamiento de las campañas públicas”, sino que además “existe el riesgo de que al ser obligados a transparentar las donaciones muchos no lo hagan y prefieran el camino de la oscuridad, por eso hay que analizarlo con más calma antes de tomar una decisión”.

    LA ARISTA POLITICA DEL CASO PENTA

    El debate político en torno a la regulación de los aportes a la política tomó un nuevo impulso luego que se iniciara la investigación por un posible desvío irregular de fondos para campañas políticas. En el marco de la investigación por el Caso Penta, un ex funcionario de la compañía habría declarado aportes del grupo a una decena de candidatos de la UDI y a dos de la Nueva Mayoría, tanto en las elecciones parlamentarias como presidenciales.

    El gobierno ha hecho un llamado a que la investigación del caso se realice “sin presiones de ningún tipo”, mientras que los políticos mencionados en el caso han descartado irregularidades.

    En medio de todos esto, el gobierno y diputados de diversas colectividades suscribieron un acuerdo que busca dotar de mayor transparencia a la actividad política.

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