• 01Abr’ 14

    Actualmente, los estándares de la calidad del agua destinada al consumo humano son determinados por el Estado Chileno el cual en casi su totalidad se inspira en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos estándares determinan que elementos o sustancias no pueden encontrarse en el agua destinada al consumo humano por ser peligrosos para la salud. Sin embargo, en muchas ocasiones nuestro Estado se aparta inexplicablemente de estos estándares. Esta es la situación del boro, sustancia que, además de encontrarse presente en algunas fuentes de alimentos, es de natural existencia en las fuentes de agua destinadas a ser distribuida a la población ariqueña. Al respecto es preciso puntualizar que, si bien cuando el agua es utilizada para el riego la norma chilena 1333 (declarada como norma oficial de la República por el decreto supremo 867 promulgada el 15 de Junio de 1978 del Ministerio de Obra Públicas) establece límites (0,75 miligramos por litro) para el boro, cuando se trata del consumo humano la norma chilena no considera ni establece límites para este elemento, en circunstancias que la OMS si los establece por representar una serie de riesgos para el aparato reproductor masculino, defectos de nacimiento y fallos en el desarrollo. Sólo a modo ilustrativo se puede afirmar que en Arica un niño de 3 kilogramos que consume dos litros de agua diarios ingiere casi 20 miligramos de boro al día, lo cual supera 22 veces el límite de consumo que la OMS recomienda. Este proyecto de ley tiene por finalidad incorporar una norma jurídica de rango legal al Código Sanitario que establezca la obligación del Estado de respetar los estándares que establece periódicamente la OMS para las normas internas reguladoras del consumo humano del agua. De esta forma, los estándares de la OMS pasarán a constituir un umbral mínimo respecto del cual la normativa interna podrá adoptar parámetros más estrictos y seguros para la salud humana. En definitiva, la aprobación de este proyecto pondrá fin a situaciones como aquellas que son posibles de constatar en la actualidad, en las que la normativa nacional no prohíbe determinadas concentraciones de elementos o sustancias respecto de las cuales la OMS recomienda su eliminación o reducción a causa de su carácter de contaminantes de alto riesgo de afectación de la salud pública.

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